El Gobierno de España aprueba un “Mecanismo Rural de Garantía”

 

La Ley de Institucionalización de la Evaluación de Políticas Públicas en la Administración General del Estado pretende promover una verdadera cultura de la evaluación, mediante el establecimiento de una sistematización del análisis de las diversas medidas y políticas puestas en marcha por el Ejecutivo.

Esta norma, que fue aprobada por el Consejo de Ministros el pasado mes de mayo, ha pasado todos los trámites de audiencia pública, fue remitida al Congreso, donde inició toda la tramitación parlamentaria, incluido su paso por el Senado, y ahora es aprobada de manera definitiva en la Cámara Baja.

La aprobación de esta norma constituye uno de los hitos del Componente 11 'Modernización de las Administraciones Públicas' del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en concreto el hito 146, relativo a la creación de la citada ley.

Incorporaciones en el trámite parlamentario

Entre las novedades incorporadas en el trámite parlamentario, destaca lo relativo a la prevención y lucha contra la despoblación y el reto demográfico. Para ello, se ha añadido una Disposición Adicional que recoge el impulso del Gobierno para la puesta en marcha del Mecanismo Rural de Garantía. De esta forma, el reto demográfico se ha incorporado en la norma como uno de los aspectos técnicos que se deberán tener en cuenta de forma general en el diseño de las políticas públicas, y ha quedado incluido entre los criterios de valor público para la evaluación y en los elementos del código ético del equipo evaluador.

Otra novedad se centra en la obligación de destinar, para cada proyecto de evaluación, una partida económica para su realización, que deberá especificarse de forma clara y ajustada a las necesidades reales en el encargo de evaluación.

En términos de transparencia también se amplían las obligaciones. Se publicarán los informes finales de evaluación y la memoria anual en el portal temático de evaluación, además en el portal de transparencia y en el portal web de la Agencia Estatal.

Objetivos de la norma

La pretensión del Gobierno con esta Ley de Evaluación de Políticas Públicas en la Administración General del Estado es reforzar el valor de la evaluación de esas políticas, promover una verdadera cultura de la evaluación en la administración y sistematizar las evaluaciones 'ex ante' de las políticas públicas.

De esta forma, con esta norma se pretende que la evaluación de las políticas públicas sirva para hacer más eficaz la asignación de los recursos y para optimizar el proceso de toma de decisiones; para impulsar la innovación en las actuaciones del sector público, encaminadas hacia una gestión moderna y útil para solucionar los problemas y retos sociales; y para avanzar en el control de responsabilidades y la rendición de cuentas.

La norma introduce un enfoque transversal, integral y participativo a la hora de medir el impacto de las políticas públicas en la ciudadanía. De esta forma, se fortalecen las capacidades del sistema público de evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado, proporcionando las herramientas para analizar el impacto de las políticas con un enfoque más amplio que el meramente presupuestario o vinculado al gasto.

Así, se tendrán en cuenta otras variables, como pueden ser la perspectiva de género, el equilibrio intergeneracional, el reto demográfico, la transformación digital o la sostenibilidad social y medioambiental. Asimismo, en el trámite parlamentario se han añadido otras variables como las relacionadas con la infancia, empleo o justicia social.

Todo ello, con el objetivo de mejorar la formulación de las políticas públicas, así como su posterior implementación. Se quiere mejorar la calidad, eficacia y estabilidad de dichas políticas.

Cumpliendo las exigencias de organismos internacionales

De esta forma, se cumple con las exigencias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y de la Unión Europea de avanzar en el proceso de institucionalización de la evaluación de políticas públicas y de dotar a España de un marco normativo que regule la materia.

La evaluación de las políticas públicas está consolidada como una herramienta de mejora y de aprendizaje de las acciones de gobierno, para favorecer la toma de decisiones, proponer eventuales correcciones y, en última instancia, para rendir cuentas a la ciudadanía. En este sentido, no se parte de cero, ya que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) cuenta con una dilatada experiencia en la revisión del gasto público. Sin embargo, con la nueva norma se trata de ampliar esta evaluación con un enfoque más transversal.

Novedades de la Ley

La ley contempla una serie de novedades con el objetivo de implantar una organización básica y un mecanismo estable de planificación para toda la Administración General del Estado a la hora de evaluar sus políticas:

Se diseñará un sistema de indicadores comunes para acometer el seguimiento aplicable a la Administración General del Estado y que sirva de referencia para cualquier organismo o administración pública.

La evaluación de políticas públicas se realizará por un equipo externo al órgano responsable de la política pública a evaluar.

La ley contempla el diseño de planes específicos de formación en evaluación de políticas públicas para los empleados públicos.

Se pretende reforzar la evaluación 'ex ante', previo a la aprobación de las políticas públicas. Se emplearán los resultados de las evaluaciones para mejorar esas políticas, incorporando dichos resultados en la toma de decisiones.

Se pondrán en marcha unidades de coordinación departamentales, encargadas de coordinar y efectuar el seguimiento de las actividades de evaluación de políticas públicas de cada Ministerio.

Se establecen dos tipos de instrumentos para llevar a cabo la evaluación de políticas: el Plan de evaluaciones estratégicas del Gobierno, de carácter cuatrienal, y el Plan de Evaluación departamental, elaborado por cada Ministerio, que tendrá una periodicidad bienal y contempla tanto la obligación de evaluación 'ex ante' y 'ex post' de las políticas de especial repercusión en el presupuesto o por su impacto económico y social. En este caso existirá la obligación de efectuar un análisis intermedio en las políticas que duren cuatro años o más.

El órgano responsable de cada política pública deberá rendir cuentas respecto a si adopta las recomendaciones del informe de evaluación, o explicar por qué en caso contrario.

Nueva Agencia Estatal de Evaluación

La nueva norma contempla la creación de un organismo, la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas, para coordinar, supervisar e impulsar el sistema público de evaluación y de acompañamiento, apoyo y tutela a los departamentos ministeriales.

Esta agencia se encargará de diseñar dos herramientas clave para avanzar en los procesos digitales de planificación, seguimiento y evaluación de cualquier acción pública: un servicio web común para todos los Departamentos; y un portal temático sobre evaluación, en el que se incluirá el portal de comunicación institucional.

Para fomentar la coordinación entre las diferentes carteras del Gobierno se creará la Comisión Superior de Evaluación, un órgano colegiado interministerial de cooperación y participación en la AGE.

Se propiciará la participación de la sociedad civil mediante la creación de un Consejo General de Evaluación, donde entidades, organizaciones y asociaciones ayudarán a la cultura evaluadora.

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