La población de entre 60 y 69 años y los sanitarios recibirán también una 3ª dosis de la vacuna
El Ministerio de Sanidad propondrá a las comunidades autónomas administrar también una tercera dosis de vacuna contra la Covid a la población de entre 60 y 69 años y al personal sanitario y sociosanitario. Estos grupos se unirán así a los mayores de 70 años, a los mayores que viven en residencias y a los vacunados con Janssen, colectivos que ya están recibiendo sus dosis de refuerzo.
Así lo ha confirmado desde Turquía el presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez, que se ha referido la recomendación que ha aprobado
este miércoles la Ponencia de Vacunas del Ministerio de Sanidad, que ahora será
remitida a la Comisión de Salud Pública.
"Acaba de finalizar, según me informa el
Ministerio de Sanidad, la reunión de la Ponencia de Vacunas y se ha acordado
vacunar con tercera dosis a los mayores de 60 años y personal sanitario y
sociosanitario", ha apuntado Sánchez durante una rueda de prensa en Ankara
junto al primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan.
"Ahora, la propuesta se elevará a la Comisión
de Salud Pública y vamos a trabajar con las comunidades para seguir avanzando
en la protección" de la población, ha añadido el presidente, que ha
apostado por "continuar con la vacunación sin pausa" para mantener
una situación que de momento está en mejor situación que en buena parte del resto
de Europa.
De esta forma, los expertos de la Ponencia de
Vacunas del Ministerio de Sanidad han confirmado la propuesta por la que desde
hacía días se inclinaban algunos de sus miembros para extender la tercera dosis
de vacuna contra la Covid a la población general a partir de los 60 años, al
considerar que ya a partir de esa edad el sistema inmunológico empieza a
debilitarse.
También se procederá a revacunar al personal
sanitario, tal y como están haciendo otros países europeos y como recomendó
hace unas semanas el Centro Europeo para la Prevención y Control de
Enfermedades (ECDE), de cara al invierno.
Ahora, la propuesta pasará a ser discutida en la
Comisión de Salud Pública, formada por los directores generales de Salud
Pública del Ministerio y de todas las comunidades, donde se buscará un consenso
y, si no, una mayoría para sacarla adelante. Dado que las autonomías
socialistas son mayoría, la medida saldrá previsiblemente adelante y tendrá
carácter obligatorio para todas.
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