El silencio de los últimos

RINCÓN DE ADEMUZ | Juan Vicente Pérez Aras: “No podemos permitir que en el siglo XXI sigamos diferenciando a las personas en función de dónde vivan”

© Juan Vicente Pérez Aras-LevanteEMV | Tras la magistral descripción de las tierras del poniente valenciano realizada por Paco Cerdá en «Los últimos», el tema de la despoblación ha ido ganando espacio en una agenda valenciana siempre marcada por la presión de esa franja costera que nos ha hecho merecedores del manido sobrenombre de «Levante feliz». La Arcadia mediterránea de felicidad infinita.

La dualidad entre tierras adentro y franja costera ha ido abriendo una cruel trinchera demográfica que separa ambas zonas. Una metástasis demográfica que afecta a más de un tercio de nuestra provincia. 38 municipios repartidos por las comarcas del Rincón de Ademúz, la Serranía, la Plana de Utiel-Requena, El Valle de Ayora-Cofrentes, la Hoya de Buñol, la Canal de Navarrés y un trocito de la Ribera Alta o, lo que es lo mismo, un área de 4000 km2 (el 36'5% de la superficie) donde solo viven 29.228 personas (2018), el 1'14% del total provincial. Una pérdida del 45% de su población respecto al censo de 1940, 24.000 personas en menos de 80 años.

Esta diáspora que viene a recoger ese éxodo rural se ve agravada por una tasa de envejecimiento estremecedora, superior al 400%, (la media española está en el 123%), la mayor de toda la UE. Si a todo ello sumamos que en 2018 se registró la cifra más baja de nacimientos en 20 años, estrechando la pirámide poblacional en la base, el coctel implosivo está servido. Brecha bancaria, digital y en infraestructuras de todo tipo o el propio acceso a servicios fundamentales hacen heroica la misma supervivencia en la denominada Laponia española.

Los mapas aportados por la investigadora Pilar Burillo son esclarecedores. Un trabajo ingente por el que se han podido delimitar las 10 SESPAs (Áreas del Sur de Europa Escasamente Pobladas) de España. Desarrollando los criterios establecidos en el Acuerdo 2016/0393 de la CE, se incluía por primera vez una nueva tipología territorial no contemplada hasta el momento. A las tradicionales NUTs 2 o regiones y NUTs 3 o provincias, se incorporaban las LAU 2 o municipios, diferenciando las que tienen menos de 8 y 12 habitantes/km2. De los 38 municipios afectados en nuestra provincia, 24 pertenecen a la Serranía Celtibérica (<8) y 14 a la Serranía Levantina (<12).

El fantasma de la despoblación de nuestros pueblos (nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestros recuerdos) avanza impasible, haciendo audible, ensordecedor, el silencio de los últimos moradores de estas tierras. Un desierto demográfico provocado por un acto continuo de «demotanasia», palabra acuñada por la investigadora Pilar Burillo para definir «un proceso que tanto por acciones políticas, directas o indirectas, como por omisión de las mismas, está provocando la desaparición lenta y silenciosa de la población de un territorio que emigra y deja la zona sin relevo generacional y con todo lo que ello significa, como la desaparición de una cultura milenaria, aquella que la UNESCO intenta proteger bajo el término de Patrimonio Inmaterial».

Durante mi etapa en el Congreso pude colaborar con Serranía Celtibérica gestionando reuniones con el Gobierno de España. Reuniones y comparecencias parlamentarias para impulsar una eficaz plataforma de apoyo unánime ante un problema que nos afecta a todos. Reuniones que gestionamos ante las Instituciones Europeas, consiguiendo que el entonces Vicepresidente del Parlamento Europeo, mi compañero Ramón Luis Valcárcel, presentara una serie de enmiendas respaldadas por el Parlamento Europeo para que la despoblación se tuviera en cuenta a la hora de repartir los fondos. Todo un hito sin precedentes ya que por primera vez se incorporaba la problemática de la despoblación al Reglamento de Disposiciones Comunes, que regula el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo, el Fondo de Cohesión, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca. Es decir, la despoblación por fin se coló en el mismo corazón del presupuesto europeo.

Una ventana de oportunidad que debemos aprovechar para el nuevo período presupuestario comunitario y los Fondos de Cohesión 2021-2027. No podemos perdernos en recursos retóricos ni titulares salvíficos. La dispersión y el tacticismo egoísta lastran una verdadera, necesaria y obligada unidad de acción para elevar a la UE la delimitación de estas «Áreas Rurales Desfavorecidas», las 10 SESPAs españolas. Solo así, Eurostat podrá proporcionar los indicadores que desde 2010 viene estableciendo para las Áreas Urbanas Funcionales.

Debemos trabajar por desarrollar una nueva ruralidad, un nuevo modelo inclusivo que visibilice las zonas rurales y promueva un emprendimiento rural eficiente. El nuevo escenario nos ofrece ya la oportunidad de aplicar el art. 174 TFUE, empezando por implementar esa discriminación positiva en la que todos estamos de acuerdo.

No podemos permitir que en el siglo XXI, mientras algunos juegan a vender España y romper los grandes consensos de la Transición, sigamos diferenciando a las personas en función de dónde vivan. Hoy más que nunca debemos poner en valor ese principio de igualdad consagrado en el art 14 CE, que sin dejar de ser principio rector del ordenamiento jurídico, se configura como un derecho subjetivo, incorporándose a la lista de los derechos fundamentales con una especial protección (J.Suay). Es la hora de las soluciones, no de las declaraciones. Solo así evitaremos que «el tumor de la soledad se transmute en metástasis extrema de la desolación».