El Gobierno central asegura haber cumplido ya el 64% de los compromisos en la lucha contra la despoblación
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Fotografía: RTVE |
Han pasado seis años desde que el reto demográfico se incorporase como prioridad en la agenda del Estado.
El Gobierno
central da por cumplido el 64% de los compromisos que adquirió a comienzos de
la legislatura para combatir la despoblación, un problema que se incorporó como
prioridad a la agenda del Estado hace ahora seis años, cuando así se introdujo
en la Conferencia de presidentes celebrada el 17 de enero de 2017, como
informan desde Diario de Teruel.
Desde
aquella Conferencia de presidentes muchos son los cambios que ha habido sobre
esta cuestión, aunque la percepción no es la misma desde unos ámbitos que otros
en función de que se esté gobernando o en la oposición. Fue en ese encuentro
entre los presidentes autonómicos y el del Gobierno central, que en aquel
entonces era el popular Mariano Rajoy, cuando se empezó a trabajar de manera
sistemática en la lucha contra el reto demográfico y la despoblación con un
organismo propio del Estado, que primero fue un comisionado y después pasaría a
convertirse en una Secretaría General con el actual Gobierno del socialista
Pedro Sánchez.
Sánchez
heredó del Ejecutivo de Rajoy el compromiso de hacer frente al reto demográfico
como una prioridad en la agenda del Estado, y fue el que aprobó el Plan de 130
medidas para hacer frente a la despoblación, además de haber introducido de
forma transversal esta cuestión en todos los ministerios, aunque desde la
oposición se le acusa de mucha teoría y poca práctica, así como de hacer muchos
anuncios y no materializarlos después en la práctica, como ha ocurrido con la
reciente polémica sobre la elección de la sede de la Agencia Espacial Española.
El Gobierno
de Pedro Sánchez considera, no obstante, que está cumpliendo con sus compromisos
en esta materia, y así lo recoge Moncloa en el informe Cumpliendo del segundo
semestre de 2022, en el que cifra el grado de cumplimiento de los compromisos
en materia de reto demográfico en el 64%, mientras que en proceso estaría el
32% y no iniciados un 4%.
De cara a
este semestre, el Ejecutivo pretende llegar en junio al 70% en el cumplimiento
de los compromisos que adquirió para hacer frente a la despoblación, mientras
que el 28% prevé tenerlos en proceso a finales del segundo trimestre. Dentro
del detalle que hace el Gobierno en el informe Cumpliendo de diciembre de 2022,
se refiere en 48 ocasiones a iniciativas que tienen que ver con la lucha contra
la despoblación y en más de 200 casos al reto demográfico.
Lo que no se
ha conseguido en todo este tiempo es un Pacto de Estado contra la despoblación,
como pidió en marzo de 2019 la gran manifestación de la España vaciada que tuvo
lugar en Madrid y que dio un giro al debate político y social sobre esta
cuestión en el país, puesto que dio paso con los meses a la presentación de
Teruel Existe a las elecciones generales de noviembre de ese año, en las que
obtuvo tres representantes en las Cortes Generales.
La continua
presencia del debate político sobre la despoblación en el Congreso y el Senado,
donde ya se venía debatiendo con anterioridad y se habían creado comisiones
específicas en la Cámara Alta en legislaturas anteriores, aunque no con tanta
intensidad, ha dado paso ahora a un escenario nacional en el que distintos
movimientos de la España vaciada van a concurrir a las elecciones para seguir
los pasos de Teruel Existe e intentar tener más peso para que cambien las
cosas.
Cuando en la
Conferencia de presidentes de enero de 2017 se introdujo el reto demográfico
como prioridad en la agenda de Estado, nadie podía imaginar que seis años
después el problema de las despoblación iba a ser una cuestión a la orden del
día en las Cortes Generales y un motivo recurrente en la sociedad española, que
lo ha incorporado en todos sus ámbitos.
El Pacto
de Estado
Lo que se
pedía con el Pacto de Estado contra la despoblación es que todas las fuerzas
parlamentarias fuesen a una a la hora de establecer políticas para combatir el
problema, al margen de ideologías para que tuviesen continuidad en el tiempo,
cuando lo que ha ocurrido es que la cuestión se ha convertido en un arma
arrojadiza más en el escenario político.
Así lo
denunciaron en el Senado a finales de año tanto la senadora de Teruel Existe,
Beatriz Martín, como el senador del PP por Teruel, Manuel Blasco, con motivo de
una comparecencia del secretario general para el Reto Demográfico, Francisco
Boya, durante el trámite para la aprobación de los Presupuestos Generales del
Estado de 2023.
Martín
criticó que ese pacto no se hubiese materializado pese a haberse aprobado una
iniciativa en el Congreso en junio de 2020 que obtuvo una amplia
mayoría; mientras que Blasco reprochó a Francisco Boya que tras tres años de
legislatura y más de cuatro en el Gobierno, los socialistas no hubiesen hecho
nada positivo para luchar contra la despoblación.
Boya rebatió
a ambos desde el Gobierno y argumentó que en el momento actual sí existe una
política de Estado frente al reto demográfico, algo que a su juicio no existía
“muy poquito tiempo atrás”. Reconoció que más allá de que pudiesen darse las
condiciones para alcanzar un Pacto de Estado entre todas las fuerzas políticas,
lo que sí había era una “acción contundente” por parte del Gobierno de forma
capilar y con todas las instituciones.
El
secretario general para el Reto Demográfico añadió que el problema no solo es
una cuestión de dinero sino que es “muy poliédrico” y de una “complejidad
enorme” que requiere, admitió, de una “voluntad de consenso político” desde
todas las administraciones.
El Ejecutivo
central destaca los avances con las medidas puestas en marcha
Dentro del
informe Cumpliendo presentado por el Ejecutivo central se destacan las acciones
que está desarrollando en materia de lucha contra la despoblación y el reto
demográfico y se refiere en más de doscientas ocasiones a ello, ya que este
aspecto aparece de forma transversal en distintas acciones del gobierno.
Respecto a
los últimos avances en esta materia, el informe se refiere a que se ha resuelto
la convocatoria de ayudas para la transformación territorial y lucha contra la
despoblación por un valor total de 29 millones de euros, de la que se han
beneficiado más de 260 proyectos impulsados por entidades locales, entidades
sin ánimo de lucro e iniciativas empresariales. También que en los Presupuestos
Generales del Estado para 2023 figuran un total de 33 millones de euros en
ayudas a entidades locales, pymes y ONGs. Las ayudas están enfocadas a impulsar
la actividad económica y el apoyo al emprendimiento rural especialmente de
mujeres y jóvenes
Valora por
otra parte que se haya autorizado la distribución territorial de más de 50
millones de euros para impulsar actuaciones en municipios situados en zonas de
reto demográfico, habiéndose transferido 40 millones de euros a las Comunidades
Autónomas para iniciativas ligadas a la bioeconomía y 15,7 millones de euros
destinados a impulsar acciones de dinamización territorial cofinanciadas con
cargo al Fondo de Cohesión Territorial.
Destaca
igualmente que se hayan publicado las resoluciones de convenios con distintas
diputaciones provinciales, entre ellas la de Teruel, para la implantación de
centros orientados al networking empresarial, la cooperación y el teletrabajo y
el desarrollo del Proyecto de Innovación Territorial.
Incide
también en las iniciativas que se están desarrollando para el apoyo al
emprendimiento rural o el desarrollo de Campus Rural.